PRESIDENTA DEL SENADO

Salud para Todos


Mónica Fernández Balboa

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El pasado jueves en el Senado de la Repúbli­ca aprobamos una de las reformas legislati­vas más importantes de esta nueva época, ya que se trata de atender una de las necesi­dades básicas de la población como la salud. Como parte de la política neoliberal que se impulsó en los últimos treinta años y qui­tando la rectoría del Estado en sus obliga­ciones básicas, se puso en marcha la figura del seguro popular en el sector salud. Era una política en la que el gobierno se hacia un tanto a un lado y se asumía que la atención de la salud más que una cuestión de calidad de vida era un asunto financiero.

Por esa razón, y a iniciativa del actual go­bierno, se tomó la decisión de reorganizar al sector salud a través del Instituto de Sa­lud para el Bienestar con un enfoque distin­to cuya prioridad es acercar los servicios a la población con mayores carencias.

En torno a ello, se han hecho diversos se­ñalamientos que pretenden cuestionar al Instituto, incluso antes de que comience a funcionar. Entre esas críticas se ha faltado a la verdad en varias ocasiones, que convie­ne aclarar. Con el nuevo instituto se man­tendrá la atención de las personas que se encuentran en algún tratamiento médico, garantizando la prestación de servicios gra­tuitos, medicamentos e insumos para quie­nes no cuenten con seguridad social. Con el INSABI, las actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades serán actividades estratégicas, cuidando siempre la atención a los enfermos, a través hospita­les y servicios especializados. No será nece­sario estar afiliado a ninguno seguro, ni al popular que dejaba fuera a muchas perso­nas y a muchos padecimientos de atención.

El INSABI operará con nuevas reglas. Su administración será transparente y será de acceso universal para todas las personas que carecen de un sistema de seguridad so­cial. El INSABI llevará salud a las zonas más marginadas del país como un compromiso indeclinable para que todas las mexicanas y mexicanos puedan gozar de su derecho constitucional a la salud con un solo propó­sito mejorar la calidad de vida.

 



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