TELÉFONO ROJO

Federación se trae la nómina… y las broncas


José Ureña

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Ya se fijó el plazo. En dos semanas comenzará la federalización de la nómina magisterial de la enseñanza básica de los 31 estados.

De la Ciudad de México no porque aquí, en un esquema heredado, es manejada por la Auto­ridad Educativa Federal.

Antes tenía rango y estructura de subsecre­taría de Educación Pública, pero ese nombre se dio al organismo hoy a cargo del ex senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Con la promesa del gobierno federal, largamente esperada por prácticamente todos los gobernadores, los esta­dos dejarán de padecer doble problema.

Por una parte, ya no dedicarán gran parte de sus raquíticos presupuestos, en algunos casos más de 40 por ciento. Y por la otra los pro­blemas, aunque se den en sus jurisdicciones, dejarán de ser negociadas por ellos y resolverse con negociaciones en la capital del país.

Para dar una idea de este problema: En cuan­to lo hizo gobernador de Baja California, el pre­sidente dialogó con su amigo Jaime Bonilla y prometió darle ese beneficio casi de inmediato.

MICHOACÁN SERÁ PRIMERO

Varían mucho los montos.

Silvano Aureoles es quien más ha presionado para deshacerse de los conflictos económicos de la nómina educativa a cargo del estado.

Representa poco más de 30 por ciento del personal educativo –el sesenta y tantos restante corresponde a enseñanza federal- y hoy la car­ga es de cinco mil millones de pesos mensuales.

Sí: unos 60 mil millones de pesos al año.

Quien se ha adelantado a cualquier negocia­ción es el oaxaqueño Alejandro Murat.

Desde el sexenio pasado, cuando la Sección 22 tensó las relaciones, la federación se hizo car­go del pago de salarios y ya no son carga para el erario local.

En ese sentido es una entidad pionera, aun­que todavía habrá algunos procedimientos ad­ministrativos para culminar la federalización.

A continuación de Michoacán están forma­dos muchos gobernadores con reporte en mano para iniciar las negociaciones correspondientes.

Estas deberán hacerlas con los secreta­rios Esteban Moctezuma y Arturo Herrera, de Educación Pública y Hacienda.

 



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