Recientemente una diferencia de opinio­nes o posturas entre la sociedad de padres de familia y la directora de una primaria en la colonia Agraria del municipio de Centro, provocó que los primeros cerrasen la escuela y amagasen con bloquear la carretera Villa­hermosa-Jalapa.

Es decir, “un pleito”, sí un pleito vulgar en­tre particulares básicamente, llevó a impedir la toma de clases a 180 niños y si además, se llega­se al bloqueo de carreteras, se perjudica a miles de ciudadanos. Es decir, los padres de familia o quienes fuesen, violentan el derecho de los me­nores a una educación sin más suspensiones que las marcadas en la ley por festivos u otros justificados e igualmente se vulnera el de libre tránsito.

Se trata de acciones del todo injustificadas pues existen instancias a las que debe recurrir­se antes que nada, en este caso las autoridades administrativas y judiciales, para denunciar o expresar inconformidades antes de tomar ca­lles y cerrar aulas.

Por ello, resulta alentador que las autorida­des educativas del Tabasco hayan anunciado que en caso de presentarse cierre de centros escolares o vialidades aledañas a estos, se pre­sentarán demandas penales.

¡Por supuesto!, la autoridad es la prime­ra obligada en denunciar hechos que pueden constituir o constituyen delitos. Lo mismo de­be esperarse en contra de todo acto contraria a las libertades de terceros.

SON CINCO

La sucesión en la UJAT tiene varios “tirado­res”. Son cinco los personajes mencionados, entre ellos la actual secretaria de Movilidad de Tabasco, la licenciada Egla Cornelio.

Sin embargo, salvo que nos corrijan, se tra­ta de una funcionaria que si bien puede contar con altas credenciales profesionales, no tie­ne empatía con la comunidad universitaria y hay quienes aseguran que, en caso de llegar a la Rectoría y maneje esa casa de estudios como lo hace con la Secretaría que ocupa, muy pronto habría conflictos.

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