LÍNEA ECONÓMICA

CDMX, anarquía intolerable


Javier Lagunas

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Desquiciar la vialidad de importantes zo­nas en la capital del país es o debería consi­derarse, un sabotaje. Que un grupo llamado Movimiento Nacional Taxista haya blo­queado IMPUNEMENTE los accesos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX y algunas de sus vías prima­rias de comunicación debió encontrar una contundente respuesta del Gobierno de aquella ciudad dado que, una cosa es la to­lerancia razonable y otra evitar el LEGÍTI­MO uso fuerza del Estado contra quienes ATENTEN o VULNEREN flagrantemente el derecho de terceros, en este caso de MI­LLONES de ciudadanos, principalmen­te el de libre tránsito. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, go­zan de una legitimidad incuestionable y si de ser el caso, se llegasen a impedir graves perturbaciones como las ocurridas el pa­sado lunes 7 de octubre, recurriendo a las fuerzas policiacas, lejos de recibir ataques, ambos mandatarios tendrían el reconoci­miento y aplauso de millones de mexica­nos; sólo los obtusos y eternos enemigos de AMLO cometerían la estulticia de criti­car negativamente sus acciones. Y para los taxistas bloqueadores el mensaje es que SON ELLOS los culpables de su propia pro­testa, el servicio de transporte por aplica­ción NO sería competencia perjudicial para ese sector si los trabajadores del volante fuesen educados, eficientes, honrados, bue­nos conductores y sus unidades se presen­tasen limpias y en óptimas condiciones (es verdad que existen excepciones pero son tan pocas que no “pintan”). Debe enten­derse que el usuario, el ciudadano pues, es quien debe decidir en qué o cómo transpor­tarse, los taxistas NO son quién para exigir desaparezca uno u otro servicio.

DIF, AUDITORIA

Para que nadie se confunda y no quede du­da de la actuación en el DIF-Tabasco duran­te la pasada administración, la auditoria a realizarse habrá de tener en cuenta partida por partida, rubro por rubro, contrato por contrato, vale por vale de almacén tanto de ingreso como de salida, validación y com­probantes de los servicios prestados, factura por factura y transferencia por trasferencia bancaria, conociendo nombre del beneficia­rio y su domicilio fiscal. De otro modo, el OS­FE del Congreso local se estaría burlando, inaceptablemente, de la ciudadanía

 



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