EL TABASQUEÑO

Urge autonomía de a deveras en OSFE


Héctor Tapia

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• El show de las cuentas públicas grotesco y degradante

• Diputados deben sacar las manos; calificar desvíos técnico y no político

 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, controla­da completamente por Morena ha desperdiciado tiempo valioso para transformar la rancia forma en cómo se califican las cuentas públicas de los tres poderes del estado, órganos autónomos y los 17 municipios.

Tratando de quedar bien con el Presidente de la República, los de Morena han impulsado presurosas reformas para poner fin al fuero o recortarle recursos a los partidos políticos, pero ha dejado intacto el show político que cada fin de año monta su temporada en el Congreso Local para simular castigo por el robo de recur­sos públicos, dejando invariablemente un tufo de componendas, corrupción e impunidad.

El espectáculo político de este año ya está en marcha. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) ha enviado a las comisiones de la Primera, Segunda y Tercera Inspectora de Hacienda el Estado de Resultados de las Cuentas Públicas 2018.

Estas comisiones han iniciado un absurdo ritual que transforma lo técnico en político al recibir dictá­menes periciales concluyentes y pese a ello abrir un nuevo periodo de 30 días (cuando el OSFE ya tuvo el propio) para dar una nueva oportunidad a funciona­rios y ex funcionarios estatales y municipales para solventar lo que ya no pudieron con el órgano.

Inicia entonces el coqueteo, la pasarela, el lobby de alcaldes y ex alcaldes con diputados, que abre una ‘oportunidad’ de que lo técnico-jurídi­co se arregle por la vía política o de la negocia­ción económica, la oculta compra del dictamen aprobatorio que evitará que se inicien demandas penales por el mal uso de recursos públicos.

El viejo ritual marca que una vez concluidos los 30 días de negociación, las tres ‘inspectoras’ pro­cederán a emitir un dictamen con una calificación por cada ente fiscalizado. Pero ojo, ese dictamen todavía puede cambiarse de última hora al ser lle­vado al pleno del Congreso y ‘salvar’ o ‘sentenciar’ al o los responsables del manejo de recursos.

La historia del Congreso muestra casos donde se ha procedido de esa manera, donde cuentas claramente reprobadas se purifican en el pleno y terminan en la inocencia, o al revés cuentas limpias a decisión de las ‘inspectoras’ acaban en el infiernillo de los exhibidos por cohecho.

Esta danza corrupta está siendo tolerada por Morena en el Congreso, la ha dejado intacta en vez de transformar la manera de calificar las cuen­tas públicas. Eficaz herramienta de negociación política a la hora de ponerse todos de acuerdo.

 

“Hay dos tipos de

sociedades, las

que persiguen a

los ladrones y las

que los siguen.

En las primeras,

van a la cárcel; en

las segundas, al

Congreso”.

 

BENJAMÍN PRADO

 

En manos del gobernador, Adán Augusto López Hernández, está la posibilidad de una transformación fundamental en contra de la corrupción y en la rendición de cuentas: dotar de autonomía plena al OSFE, mediante una iniciativa de ley que sería aprobada, por una amplia unanimidad de partidos.

Sería de un impacto extraordinario, transforma­ría por completo la forma en que todo aquél que haya erogado o recibido dinero público rinda cuentas. Dotaría de una amplísima credibilidad la premisa que tiene el gobierno en el combate a la corrupción.

Dotar de autonomía total al OSFE y desvin­cular, así la aprobación de las cuentas públicas de los intereses partidistas acabaría con ese juego perverso que persiste hasta el día de hoy entre los diputados y los presuntos implicados.

El modelo del que hablo no es nuevo, así suce­de a nivel federal, donde la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) trabaja auditando de forma autónoma y si encuentra irregularidades está facultada para interponer sanciones pena­les sin la venia del Congreso.

De esta manera ya no se tendrían que some­ter a disposición del pleno la aprobación o no de las cuentas públicas. Lo que se subiría serían los dictámenes en los que el OSFE consideró que sí existen elementos para proceder en contra de los responsables de esa cuenta.

En pocas palabras sería el órgano fiscaliza­dor y no el legislativo, quien apruebe o rechace las cuentas públicas. Definitivamente, se ten­dría que separar al OSFE del Congreso para que se un órgano autónomo de verdad.

Otro aspecto relevante del porqué tiene que haber una desvinculación entre órgano y cámara, es que los diputados no son técnicos, no conocen del tema, no pueden ellos a simple vista saber si una obra está mal o está bien.

Un experto me ha puesto un ejemplo: “Si en una comunidad de Nacajuca se da una queja porque una calle no se hizo bien, el diputado de ese distrito pone en su ‘Solicitud de Visita de Obra’ ese proyecto. Llegan, supervisan, ven, pero ellos no son técnicos, ellos no pueden saber si esa calle que se construyó con concre­to hidráulico corresponde a lo que marcó el proyecto”.

Tiene razón, porque esas son funciones que sabe un ingeniero civil o un arquitecto o algún otro experto en la materia. No con mirar a simple vista una obra se puede determinar su estado, entonces se vuelve inútil que los diputados estén haciendo inspecciones de algo que desconocen, pueden incluso caer en casos donde ven de lejos la obra y dicen: “esto está cuarteado vamos a reprobarla”, o al revés: “esto está bien”, y no lo está.

Si realmente Morena quiere que el OSFE reali­ce su trabajo a cabalidad, tendrán que desligar a las auditorías del Poder Legislativo. La autonomía plena de esa institución implica que no esté vincu­lada y menos subordinada a ningún poder.

Antes de dotar de autonomía al OSFE, también se le tendrían que realizar reformas al propio órgano que fortalezcan el resarcimiento del daño causado al erario público, pues hasta el día de hoy se desconoce de algún ex funcionario al que se le haya reprobado la cuenta y que tenga devuelta la totalidad del recurso observado.

Incluso en esta legislatura hay diputados que fueron alcaldes, como Rafael Elías Sánchez Cabrales, Gerald Washington Herrera y Nicolás Bellizia Aboaf y se ignora si en sus administracio­nes se restituyó el daño patrimonial al erario público que ellos o sus funcionarios pudieron haber provoca­do. Lamentablemente hasta el día de hoy todo sigue convirtiéndose en un lío político en la mayoría de veces sin castigo y sin reparación del perjuicio.

Así se repruebe una cuenta pública porque hay daño patrimonial, no hay resarcimiento al erario, entonces ¿de qué sirve hacer todo ese show de las ‘ins­pectoras’ si nadie va a regresar un sólo peso a las arcas?

Hay una impunidad brutal, la nueva legisla­ción tiene que garantizar la devolución del daño causado al dinero público, la Fiscalía Antico­rrupción no ha servido de nada, no tiene ninguna funcionalidad, y hasta ahora no ha procesado ningún expediente relacionado con ese tema.

Es urgente que la Cuarta Transformación haga una verdadera reforma en materia de desvío de re­cursos y corrupción, de manera que sí se sancione, no solo de forma penal, sino resarciendo la afección que se causó al erario de parte de cualquier funcio­nario que haya hecho mal uso de los recursos.

Ahí está el último y lamentable ejemplo de Saiz Pineda, aunque estuvo en la cárcel cinco años y siete meses todas sus propiedades en Mé­xico y el extranjero le fueron devueltas, sin que haya reintegrado un sólo peso a las arcas públicas.

Ya estuvo bueno de simulación, ese espectáculo grotesco mediante el cual se califican las cuentas mancha al Poder Legislativo y degrada a los diputados. Si este régimen encarna una auténtica transformación tiene que promover un OSFE autónomo y con un fiscal independiente.

De no hacerlo, todo seguiría siendo igual, pura y absoluta simulación.

 



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