CASCARA AMARGA

Poder Supremo


Laureano Naranjo Cobian

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LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO, PROMULGADA EL 5 DE FEBRERO DE 1917, Y QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 1 DE MAYO DEL MISMO AÑO.
 
Establece expresamente en su artículo 49: “El supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.” Este Poder Judicial de la Federación está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral, el Consejo de la Judicatura Federal, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Tribunales unitarios de Circuito. 
 
Los Ministros que integran esta Suprema Corte son los máximos intérpretes de la Constitución, y deben ser por lo relevante de sus atribuciones, ciudadanos de intachable conducta, aunque a decir verdad no siempre ha sido así. Se recuerda que cuando el arrojo y la valentía del pueblo mexicano logró derrotar a la feroz dictadura porfirista, la Suprema Corte de aquella época siempre estuvo de parte de los conservadores. 
 
Incluso cuando el señor Francisco I. Madero llegó con el apoyo popular a la Presidencia de la Republica, la Corte estuvo en su contra, respondiendo a sus propios intereses. Tal como está sucediendo ahora, en que teniendo un Presidente Constitucional, que llegó democráticamente al máximo cargo del país, la Suprema Corte se inclina hacia los intereses conservadores (y algunos plenamente reaccionarios) y se constituye en un obstáculo para el cambio de régimen en que estamos comprometidos los mexicanos. 
 
Y sí. El día de hoy, los ministros que integran la Suprema Corte, el 99 por ciento, gozan de privilegios (privus: de uno mismo. Privado) escandalosos, y asumen actitudes soberanas ante el cambio que reclama el pueblo de México. Pero ellos no son soberanos pues la soberanía es un concepto jurídico-político de carácter nacional. 
 
En síntesis: hay que desmontar al antiguo régimen de la corrupción y los privilegios y construir, entre todos, una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que garantice honradez, honestidad y transparencia total de sus funciones y sus funcionarios. Hay que hacerlo ya, ahora que se puede.
 


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