TELÉFONO ROJO

Más de 900 denuncias contra funcionarios corruptos


José Ureña

Para quienes lo dudaban: Viene el ajuste de cuentas contra los gobernantes corruptos. La primera: La ASF tendrá un papel fundamental, y no porque vaya a tener protagonismo mediático desde el punto de vista penal. 
 
Eso corresponderá a la FGR y de esto sabe mucho Alejandro Gertz Manero. La secuencia es la siguiente: A su arribo, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo comenzó a revisar el pasado inmediato –sobre todo el de Juan Manuel Portal- y a dar seguimiento a muchos casos. La Auditoría revisaba partidas de aquí, allá y acullá y exponía los resultados de los arqueos realizados a todas las dependencias del gobierno federal. Todos nos enterábamos de sus reportes sobre fiscalización,  pero al final de cuentas, no aclaradas.
 
Ya no será así.
 
Y MILES INVOLUCRADOS
La estrategia es colectiva. La ASF de David Colmenares Páramos, decíamos, tendrá relevancia porque aportará datos sustentados sobre funcionarios corruptos. La Fiscalía en Combate a la Corrupción de María de la Luz Mijangos hará su parte y al final la Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero llevará a proceso a los inculpados. Hay materia: En estos momentos hay más de 900 denuncias presentadas y ratificadas por la ASF derivadas de la revisión a cuentas públicas de la federación, en especial del ejercicio de 2017.
 
Pero ya comenzaron también los reportes de la correspondiente a 2018. Hasta hoy hablamos de funcionarios del gobierno de Peña Nieto, cuyo último ejercicio está bajo escrutinio, y también de dinero entregado el año pasado a gobiernos estatales. Los señalamientos apuntan a altos, medianos y funcionarios menores cuyos nombres se conocerán en cuanto el MP fundamente los cargos y los consigne ante la justicia.
 
Más de 900 denuncias son muchas, podrían involucrar a miles de personas y la millonada desviada o sustraída deberá ser reintegrada al erario. Las nuevas reglas de los nuevos tiempos, dicen en la Fiscalía General.
 
SENADO: NUEVO TRIUNFO DE LA OPOSICIÓN
 
Aquí lo anunciamos: La oposición se fraccionó y parte de ella apoyó el nombramiento de Yasmín Esquivel Mossa, esposa del empresario José María Riobóo, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero tras ese fracaso acordó aglutinarse para frenar otras decisiones y en ellas mencionamos a los nuevos comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
 


Columnas anteriores