EL TABASQUEÑO

Las nóminas quiebran al gobierno de Núñez


Héctor Tapia

Empezaré por el final: El gobernador Arturo Núñez y su administración se encuentran vulnerables y entrampados en el último tercio de su administración por un adeudo, que según la valoración de tres expertos, rondaría los siete mil millones de pesos, resultado de un desequilibrio económico (carencia de fondos propios), provocado por las siguientes razones:
 
1. La inexperiencia del titular de la Secretaría de Finanzas (ni siquiera la crisis del granierismo sirvió de lección); 2. Un desorden administrativo ante la falta de planeación; 3. Un elevado gasto operativo y 4. La carencia de decretos de austeridad actualizados que aterrizaran al gobierno a la realidad que golpeó al estado desde 2014, producto de la ruina petrolera.
 
A 101 días de entregar el gobierno, el cierre de Núñez se observa financieramente caótico, con nóminas y prestaciones por cumplir, deudas a proveedores que saldar y nada que se pueda hacer: Ni préstamos, ni nuevos impuestos que salven. No hay tiempo.
 
El gobernador tendrá que convenir con el próximo Presidente (si no es que ya lo hizo) en acuerdo con Adán Augusto López Hernández, un adelanto de las Participaciones Federales del 2019, y así salvar la crisis, sanear las finanzas y dejarle a la nueva administración un gobierno sin problemas económicos y listo para empezar la cuarta transformación en Tabasco.
 
Seguramente este planteamiento no será nuevo para López Obrador, quien el domingo 16 de septiembre inició una ‘Gira de Agradecimiento’ por todo el país, la cual incluye reuniones privadas con los mandatarios de cada estado que visita.
 
Quizá después de escuchar a alguno de ellos y sus problemas es que el tabasqueño lanzó aquello de que el país está en bancarrota (los gobiernos, diría yo, no el país); sin duda el de Tabasco no es el único ente público con problemas económicos, producto de derroches y falta de planeación.
 
‘El Peje’ ya está enterado que el Gobierno de Tabasco está en quiebra. ¿Salvará sus deudas?
 
 
• • •
Cuando el gobernador Arturo Núñez inició su gobierno en 2013, supo enviar un buen mensaje tras el desastre económico y el saqueo de la administración de Andrés Granier, colocando en la Secretaría de Finanzas a Víctor Lamoyi, un experto a quien —según él mismo reconoció— no conocía pero al que reclutó por su amplia experiencia, para estabilizar las finanzas del estado.
 
En los primeros dos años de la administración (del 2013 al 2014), Lamoyi fue extremadamente cauto en el gasto; retuvo y concentró los recursos. Había miedo a gastar, luego del traumático cierre de la administración anterior.
 
Aunque esto no fue del todo bueno, pues trajo algunos subejercicios, nos da una idea de la rigurosidad que había en el control del gasto.
 
Ser Secretario de Finanzas no es fácil, no cualquier administrador puede asumir un ente público con un manejo técnico tan complicado, requiere del talento político para negociar sin perder equilibrio económico.
 
Quizá por eso es que personajes como Fernando Calzada Falcón, han sido la solución práctica de tres gobernadores: Manuel Gurría (1992-1994); Enrique Priego (2001) y Manuel Andrade (2002-2006).
 
Arturo Núñez cometió el mismo error de Granier (¿lección no aprendida?), colocando en el tercer año de su gobierno a un incondicional en esa posición, en vez de reclutar a otro experto; hoy padece lo que criticó: un mal cierre de gobierno.
 
Un secretario de Finanzas no debe ceder ante los chantajes políticos que buscan obtener mayores recursos sin importarles el desequilibrio que esas peticiones provocan en el presupuesto público.
 
Sé que Lamoyi prefirió partir de Finanzas al segundo año de gobierno, después de recibir demasiadas presiones. Lamoyi sabía decirle no al gobernador. ¿Habrá sabido Amet decirle no a su jefe para cuidar los recursos?
 
 
• • •
Sostengo que las nóminas desequilibraron económicamente al gobierno de Núñez. Reportes de salarios de 26 dependencias de los tres poderes del gobierno (de próxima publicación en Tabasco HOY), muestran cómo esta administración pasó de un pago anualizado de 5 mil millones 778 mil 337 mil pesos en 2012, a 7 mil millones 619 mil 855 pesos en 2017, es decir, creció en 1 mil 841 millones 517 mil pesos en seis años.
 
Para ser claro, a la salida del gobierno de Andrés Granier había un total de 42 mil 832 burócratas, y para el final de la administración de Arturo Núñez se incrementó a 44 mil 296 trabajadores al servicio del estado. Estamos hablando que al quinto año, la presente administración en vez de reducir sus gastos en personal ¡lo incrementó!
 
Al gigantesco número de listas de personal que maneja el gobierno, hay que sumarle una nueva figura, llamada en Finanzas “nóminas internas”, éstas concentran el pago a aquellos empleados que están fuera de presupuesto federal o estatal y que forzosamente deben recibir una remuneración.
 
Un ejemplo es la “nómina interna” que maneja la Secretaría de Educación (Setab), la cual fue creada tras la centralización de la nómina magisterial realizada por el Gobierno Federal. Al crear el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), miles de empleados se quedaron fuera, al no ser reconocidos por la Federación (mayormente maestros de telesecundarias). Entonces, el Gobierno del Estado decidió concentrar sus pagos en este rubro, que en el caso de la Setab actualmente rebasa los 1 mil 500 millones de pesos.
 
Otro punto que también elevó las listas de pago, fue el fracaso de la Secretaría de Gobierno (Segotab) en la operación política, la cual no pudo desactivar conflictos con los sindicatos de forma efectiva, faltó mano firme. Un 95 por ciento de los conflictos laborales impulsados por estos grupos de trabajadores fueron resueltos cediendo a peticiones que en la mayoría de veces rebasaban los contratos colectivos de trabajo.
 
Los conflictos laborales con los 11 gremios de burócratas que ahorcan al gobierno, no siempre debieron resolverse con dinero (que no hay); estos grupos siempre están buscando exprimir más recursos, ante ello, la Segotab debió ser efectiva para desactivar los chantajes disfrazados de reclamos legítimos.
 
 
• • •
Un principio básico para el equilibrio económico es la prudencia financiera: no puedes contraer compromisos de pago sin garantía de recursos.
 
El punto de quiebre que debió encender una alerta amarilla en la Secretaría de Finanzas ocurrió al cierre del ejercicio fiscal del 2016: cuando ya el presupuesto se había ejercido en su totalidad, habían órdenes de pago por 800 millones de pesos, los cuales tuvieron que ser liquidados con recursos de las participaciones del 2017.
 
Nada pasó, pese al evidente desequilibrio económico, no se hicieron las correcciones necesarias para compensar el hoyo financiero, se siguieron autorizando ampliaciones presupuestales sin respaldo, el gasto se siguió duplicando, se perdieron las dimensiones entre lo que entraba y lo que salía.
 
Hoy, no es correcto hablar de insuficiencia presupuestaria, pues los recursos han seguido fluyendo de la Federación, pero sin cubrir el ritmo del gasto desordenado. Mucho de ese recurso aparece en el presupuesto enviado por Hacienda, ya fue ejercido o adelantado para cubrir parte del déficit.
 
El desorden administrativo se observa en el incremento del gasto corriente, el cual pasó de 36 mil 566 millones de pesos en 2013, a 46 mil 840 millones de pesos en 2017, según los reportes de cuentas públicas del estado, elaborados por la Secretaría de Administración y Finanzas (Seplafin).
 
Es decir un incremento aproximado de 26 por ciento. No hay presupuesto que aguante un desembolso de este tamaño.
 
Volviendo al principio: El gobierno de Arturo Núñez necesitará entre noviembre y diciembre siete mil millones de pesos para cerrar su sexenio, de los cuales muy probablemente obtendrá 1 mil 500 millones de pesos de una aportación federal extraordinaria que se otorga en esas fechas y que es llamada al interior de Seplafin como “Rescate financiero”; otros 1 mil 500 millones de pesos le podrían llegar por la vía de Participaciones Federales Ordinarias.
 
Aún así, requeriría, según cálculos de expertos que consulté, unos 4 mil millones de pesos, en los cuales estarían incluidos sueldos y prestaciones de fin de año.
 
Será aquí, donde Núñez dependerá del próximo Presidente, el cual empezará a despachar a partir del 1 de diciembre próximo.
 
¿Pactarán Arturo-Adán-Andrés un rescate financiero para Tabasco que continúe la transición de terciopelo y pueda asumir la próxima administración con finanzas sanas y sin complicaciones?
 
Los sabios economistas que consulté (catedráticos de universidades), me dicen que hay que estar muy atentos a la primera quincena de octubre; si todo transcurre con normalidad, esto querrá decir —según ellos— que esta administración hizo sus ahorros, sus previsiones. Si no fue así, entonces empezaremos a ver nuevamente a la burocracia, a los maestros, a los catedráticos universitarios cerrando calles, exigiendo salarios y temiendo por sus prestaciones.
 
Esperemos que los sabios fallen… por el bien de Tabasco.
 
 
UN ADAGIO: “El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor”. (Confucio)
 
 
Otro dato:
En este sexenio han pasado por la Secretaría de Planeación y Finanzas ¡siete subsecretarios de egresos! y quien en realidad siempre ha controlado el área soterradamente desde la Dirección de Programación, es Tomás Alamina un incondicional de Amet.
(?)


Columnas anteriores